Presupuestos encorsetados
En el último número del periódico Diagonal, que se encuentra ahora en los kioscos, podréis encontrar esta breve columna que me pidieron sobre los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Más allá de la discusión acerca de si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2008 apuestan decididamente o no por el gasto social –cuestión, por otra parte, difícilmente discernible en una breve columna-, creemos que lo relevante es destacar dos condicionantes de partida presentes en los mismos y que marcan de manera significativa la intensidad con la que estos Presupuestos incidirán sobre el bienestar de la población; intensidad que, anticipamos desde ya, será menor a la anunciada desde el gobierno.
El primer condicionante es la pervivencia de la creencia en el dogma de fe de la estabilidad presupuestaria. Es más, dado que las previsiones de crecimiento del PIB se sitúan por encima del 3%, para el próximo año, estos PGE fuerzan a las Administración a un superávit público del 1,5% del PIB. Por lo tanto, las posibilidades de utilizar este periodo de bonanza económica para realizar un esfuerzo adicional que permita acercarnos a los estándares de bienestar europeo se ven cercenados por ese corsé autoimpuesto y en el que tan cómodo parece moverse el ministro Solbes.
Y el segundo condicionante es la renuncia a aprovechar este periodo de crecimiento económico para incrementar la recaudación presupuestaria y, a partir de ahí, elevar los niveles de gasto público. Ello gracias a una nueva rebaja fiscal del IRPF que viene a sumarse a la del Impuesto sobre Sociedades y que, según estimaciones del propio gobierno, supondrán en el total de la legislatura una rebaja fiscal para empresas y familias de más de 8.600 millones de euros, esto es, casi un billón y medio de pesetas.
Lo realmente preocupante es que esta política conlleva una carga de profundidad más allá de lo financiero. Y es que, bajo la premisa errónea de que reducir los impuestos es una política de izquierdas -como si la intervención pública, más allá de la mera regulación, no implicara gastos-, se reduce la carga fiscal para las familias mientras, paralelamente, se deja de realizar con esos fondos inversión social y mejora de prestaciones públicas. La resultante es que el ciudadano acaba utilizando el incremento en su renta disponible contratando esos servicios en el ámbito privado porque la calidad que les ofrece el sector público le resulta insuficiente, muchas veces con razón.
Ese es el quid de la cuestión: estos Presupuestos, siguiendo con la tendencia que ya marcó el PP con los suyos, dan un paso más hacia una sociedad cada vez más mercantilizada y en donde lo público queda para quienes ni con reformas fiscales pueden permitirse otra opción.
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