Después de algunos meses en barbecho, retomo la colaboración con El Observador con este artículo acerca de las primeras propuestas realizadas por el gobierno español para su mandato al frente de la presidencia de la Unión Europea y el revuelo que se ha levantado en torno a ellas.
Podéis leerlo pinchando aquí.
Para muchas personas esta Navidad quedará en su biografía como aquella en la que intentaron reunirse con sus familiares después de muchos esfuerzos para ahorrar dinero para un pasaje de avión y un empresario cínico se lo impidió.
Debería ser también la Navidad en la que al resto de empresarios de este país se les cayera la cara de vergüenza al mantener a ese cínico como el máximo representante de la Confederación de Empresarios. Pero parece que no será el caso.
Evidentemente, lo primero es humanamente mucho más grave que lo segundo. Aquéllo supone tragedias personales dolorosas y concretas; esto, sin embargo, se limita al terreno de lo simbólico: ofrece un retrato del tipo de empresario que tenemos en este país y que se entiende perfectamente reflejado y representado en Díaz Ferrán.
Y no es que no crea que puedan sentirse representados por un empresario en quiebra. No, no es eso. Lo que me indigna es que lo mantengan sabiendo que debe 2,5 millones de euros a sus empleados y 16 millones de euros a la Seguridad Social y, aún así, lo consideren legitimado para representarlos en el diálogo social y sentarse frente a los representantes de una clase trabajadora que, evidentemente, no goza de tanta benevolencia por parte de sus acreedores cuando se trata de atender al cumplimiento de sus deudas.
Lo que me indigna es que haya sido un tribunal de Londres el que obligara a la compañía de su propiedad a dejar de vender billetes por no haber pagado el leasing de los aviones con los que opera y no haya sido un tribunal español el que le haya dado cerrojazo por sus deudas con la Seguridad Social y con sus empleados.
Lo que me cabrea es que culpe a la crisis económica de la quiebra cuando la empresa lleva presentando pérdidas desde el año 2006 (32,6 millones de euros) como si nada pudiera imputársele a su gestión.
Pero lo que ya me parece una inmoralidad de tal calibre que debiera inhabilitarle ante sus pares para ocupar cualquier puesto que los representara es la siguiente declaración: “ante la situación vivida por esta compañía, que en estos tiempos estaba sufriendo huelgas, yo mismo no la hubiera elegido para volar“.
Es decir, el cínico de Díaz Ferrán está planteando que el problema de la compañía eran las huelgas de sus empleados y puede que le parezca hasta desproporcionado que después de llevar entre 5 y 7 meses sin cobrar éstos tuvieran que recurrir a ese mecanismo de reivindicación de sus derechos. Y es que ya se sabe: los trabajadores son unos inconscientes y les gusta cobrar cuando trabajan e, incluso, hasta comer todos los días.
Pero lo que es peor es su insinuación de que esas huelgas debían haber sido las que advirtieran a los clientes de que la compañía no iba bien en lugar de ser responsabilidad de sus propietarios, conocedores de la situación de quiebra de la misma, los que evitaran la estafa colectiva dejando de vender billetes para vuelos que, previsiblemente, no iban a poder operar.
Ese es el hombre que los empresarios de este país quieren que les represente y, con esa decisión, todos se retratan.
El presidente del gobierno acaba de declarar que se retirarán los crucifijos de las escuelas “si así lo establece la ley de libertad religiosa” como si esa ley fuera a bajar del monte Sinaí en brazos de algún iluminado y habrá que atenerse a lo que en esas tablas se disponga. Como si la ley de libertad religiosa no fuera como la de Economía Sostenible y no correspondiera al gobierno elaborar sus contenidos en forma de proyecto y presentarla al Congreso. Como si la escuela no fuera un espacio público y no correspondiera al gobierno velar por los símbolos que en ella se exhiben y, por tanto, a todos obligan. Como si en este país y en todo lo relacionado con la Iglesia Católica nadie quiera asumir la responsabilidad de poner los puntos sobre las íes de una vez por todas.
Precisamente ayer en El País, Jorge Urdanoz escribía un magnífico y pedagógico artículo al respecto que os recomiendo leer pinchando aquí. A ver si de una vez por todas entendemos que si no se respeta el espacio público –y la escuela es uno singularmente importante-, estaremos vulnerando los principios más básicos de la convivencia.
A Elena Salgado hay que atribuirle el mérito de haber sido la acérrima impulsora de la legislación antitabaco en nuestro país cuando fue ministra de Sanidad y Consumo antes de haber sido ministra de Administraciones Públicas lo que, a su vez, ocurrió antes de ser ministra de Economía (a eso se le llama polivalencia o, como dicen en mi pueblo, ser tan apañada que vale lo mismo para un roto que para un descosido).
Evidentemente, los fumadores pasivos agradecimos en un primer momento el que el gobierno se preocupara de los efectos externos que provocan los fumadores activos y que, de alguna forma, se protegiera nuestro derecho a no tener que inhalar las sustancias tóxicas que otros ciudadanos, también en el uso de su derecho a envenenarse como buenamente quieran, exhalan por su aparato respiratorio al que han decidido convertir en chimeneas.
Con el tiempo hemos visto que la medida tiene un alcance más que limitado y nuestro gozo fue a parar a un pozo. El margen de maniobra que dejaba para hosteleros y restauradores era tan amplio que, al final, sigue resultando difícil encontrar un local en donde comer o tomar una copa sin salir con medio pulmón ennegrecido.
Sin embargo, no todo van a ser frustraciones. A la industria tabacalera la ley de la ministra Salgado le parece tan cojonuda que han decidido promocionarla en el extranjero como el modelo a seguir y que otros países también la implanten.
No me negarán que no es el mundo al revés: las empresas tabacaleras, que deberían sentirse agredidas por los efectos que la ley tendría que estar teniendo en su negocio (y, de paso, en la salud de todos los españoles), encuentran que ésta no sólo no les perjudica sino que es el modelo a seguir en otros países para que sus beneficios no se resientan.
Es más, la ley está tan bien diseñada que hasta a las propias empresas les parece “poco efectiva y confusa”. Con lo cual, mira por dónde, al final coincidimos transnacionales tabacaleras y fumadores pasivos en su inutilidad: a ellas no les impide seguir haciendo negocio a costa de la salud colectiva y a nosotros no nos protege de morir envenenados por voluntad ajena.
Sólo me queda buscar el lado positivo de todo este disparate en el que se ha convertido una parte de la legislación española que se muestra especialmente empeñada en la sanción y no en la educación, que se encuentra más preocupada por el impacto mediático que por sus efectos reales y que pretende resultar tan conciliadora con todos los intereses en juego que, al final, nace media muerta.
Y es que, al menos, ya no sólo se nos conocerá fuera por nuestra oferta hotelera de sol y playas degradadas por la construcción salvaje; ni porque debajo de las piedras haya ya más políticos corruptos que alacranes. Ahora el turista debe saber que también se puede venir a nuestro país a echar el humo con alegría. Con un poco de suerte, las transnacionales tabacaleras –como hacen las farmacéuticas con los médicos- acabarán montando viajes organizados para venir a conocer la permisividad de la legislación española contra el tabaco y que luego impulsen iniciativas legislativas populares en sus países para copiarnos el modelo.
Así no me extraña que los ricos de este país se anden frotando las manos desde que Elena Salgado es ministra de Economía y Hacienda.
. Eso es un líder sindical y lo demás son tonterías.
Los amigos de Diagonal me pidieron un artículo breve sobre Andalucía y la crisis que aquí os dejo.
“A estas alturas, a nadie debería escapársele que para poder afrontar la salida de la crisis de la economía española hay que dejar de engañarse acerca de las causas aparentes de su origen (la crisis financiera internacional) y asumir que la misma obedece, en mucha mayor medida, al desequilibrado patrón de crecimiento seguido durante las últimas décadas.
Un patrón de crecimiento basado en una apuesta consciente, a la vez que suicida, por la construcción y que tuvo como resultado el espejismo de que la senda de crecimiento de la economía española podía llegar a ser una pronunciada pendiente ascendente sin final.
Evidentemente, la incidencia de esta crisis sobre las distintas Comunidades Autónomas que integran el Estado español está siendo diferente. Sus efectos han dependido del grado de ceguera con el que sus gobernantes regionales apostaron por el patrón de crecimiento que ahora se ha demostrado insostenible.
Entre esas Comunidades Autónomas, el caso de Andalucía es paradigmático. Relegada o autorelegada de la posibilidad de incorporarse al tren de la modernidad productiva, asumió su papel secundario en la distribución sectorial de la actividad productiva que se derivó de la creación del espacio económico europeo.
Andalucía aceptó, así, que su futuro pasaba por incentivar un sector turístico de sol y playa para las clases medias del resto de Europa; una oferta de servicios residenciales para los jubilados europeos; y, en el mejor de los casos, ello era complementado en algunas zonas por un turismo de medio y alto poder adquisitivo de tremendo impacto ecológico que acude para jugar al golf en unos campos cuyo mantenimiento exige de unos recursos hídricos demasiado valiosos, dada su escasez, como para destinarlos a esas veleidades.
Esa apuesta productiva, altamente estacional, alimentaba al mismo tiempo al sector de la construcción. La estacionalidad de los servicios turísticos se complementaba, así, con la estabilidad que a lo largo del año ofrecía el sector de la construcción y ambos contribuían a absorber, dado sus caracteres intensivos, una mano de obra poco cualificada que ahora resultará muy difícil reciclar.
De esa forma, desde la segunda mitad de los noventa el crecimiento de la economía andaluza se ha sustentado sobre la profundización en la euforia especulativa vinculada al sector de la construcción, con todas las secuelas que de ello se han derivado en términos de deterioro medioambiental pero, también, de deterioro de los precarios equilibrios sobre los que debe crecer una economía que aspire a hacerlo armónicamente.
Andalucía es, por tanto, un buen caso de estudio para analizar el grado de desestructuración económico y social al que puede dar lugar un crecimiento dejado al albur de las fuerzas del mercado. A nadie debería sorprender ahora que el aumento del desempleo sea mayor que en el resto del Estado o que la incidencia de la crisis esté resultando mayor. No son ni más ni menos que las tempestades que ahora les toca recoger a quienes sembraron aquellos vientos.”
Hace más de un año y en clave de chanza publicaba este apunte en el que utilizaba una fotografía en donde se apreciaba la densidad de inmuebles en situación de ejecución hipotecaria en la ciudad de Denver (Estados Unidos) para advertir de lo que también comenzaría a ocurrir en nuestro país en breve.
Pues bien, la profecía comienza a cumplirse: según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial, este año los juzgados realizarán cerca de 115 mil ejecuciones hipotecarias, el doble de las que se produjeron en 2008 y más de cuatro veces las del 2007. Y lo peor es que, como advierte esa institución, la situación se agravará en 2010 cuando se prevé que las ejecuciones aumenten cerca de un 65% con respecto a las de este año.
Todo ello a pesar de que los bancos no paran de idear fórmulas imaginativas para evitar la ejecución judicial, tales como quedarse con el inmueble y permitir que el ex propietario siga viviendo en él en régimen de alquiler.
Lo grave, junto a los dramas personales y personales que ello conlleva, es que el tratamiento de este problema sólo se ha realizado teniendo en cuenta las angustias y excesos del sector financiero que, en su carrera por el beneficio, sobreestimó conscientemente la solvencia de muchas de esas familias y se han desechado las angustias y excesos de esas familias que, por su parte, también sobreestimaron su capacidad de endeudamiento. Para los excesos de unos, las ayudas e intervenciones con dinero público; para los de los otros, los desahucios. Cuestión de justicia social, ya se sabe.
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, es de todos conocidos por su capacidad fenicia para el trueque de prebendas por trajes; por su capacidad para conjugar la españolidad que defiende su partido con intentar que los jóvenes de su Comunidad sean educados para la ciudadanía en una lengua no oficial en España; o por sus amplios conocimientos jurídicos cuando declaró que estaba muy contento por haber declarado como imputado en un juicio por cohecho.
Pues bien, este prócer de la moralidad más conservadora de este país (moralidad que, al parecer, no es incompatible con la corrupción y el cohecho) ha decidido crear en la Comunidad que gobierna un registro para los abortos y los bebés fallecidos haciéndose eco de las peticiones de los grupos antiabortistas y como respuesta a la reforma socialista de la ley del aborto.
En expresión de quien fuera director general de la Guardia Civil y agregado del Opus Dei, Juan Cotino, actualmente Consejero de Bienestar Social de la Generalitat, el objetivo es “reconocer a los padres su derecho a dejar constancia de que el hijo que no ha sobrevivido era su hijo, tenía nombre, padre y madre”, es decir, prácticamente lo mismo que les niegan a quienes defienden la apertura de las fosas comunes del franquismo. ¿O es que esos hijos y nietos no tienen derecho a dejar constancia de que a su padre o abuelo lo fusilaron a pesar de que también tenía un nombre, padre y madre? Pero, además, el dislate adquiere ya dimensiones mayúsculas cuando se quiere reconocer en la misma norma que dará carta de naturaleza a dicho registro que el feto en gestación compute como un hijo más a efectos de prestaciones y servicios de la Generalitat, tales como reconocimiento de familia numerosa o beneficios fiscales autonómicos.
La cosa tiene su miga y hasta su gracia: ¿bastará con enseñar el test de embarazo o será necesaria una declaración jurada del feto comprometiéndose a nacer para que se reconozca la condición de familia numerosa? Y, en caso de que el feto no llegue a nacer, ¿se reclamará la devolución de las ayudas prestadas sobre la base de lo que puedo haber sido y no fue o, por el contrario, se obligará a los padres a seguir consumando hasta que conciban y a seguir concibiendo hasta que tengan ese hijo al que se comprometieron con la Administración Pública?
En cualquier caso, la noticia me trajo inmediatamente a la cabeza el argumento en torno al que gira una divertidísima sátira política escrita ya hace casi cuarenta años por Philip Roth, titulada “Nuestra Pandilla” y recientemente publicada por la editorial Mondadori.
Roth se centra en la figura y los tiempos de Richard Nixon y hace girar su sátira en torno a la defensa que éste hace de los derechos de los nonatos planteada en términos que se ubican constantemente entre el surrealismo y el más puro absurdo, hasta el punto en que en una rueda de prensa el personaje, Trick Dixon, llega a defender el derecho a voto para los nonatos.
Visto lo visto y la propensión al surrealismo de Camps y su corte, no es de extrañar que un día de estos ande reclamando derechos similares para los nonatos valencianos. Total, al igual que Dixon, él tampoco es un recién llegado en el problema de los derechos de los nonatos porque él, durante nueve meses, también lo fue y eso cree que ya lo legitima para ser la voz que los represente. ¡Vivir para ver!
(He encontrado en la red los dos primeros capítulos del libro de Roth. Podéis leerlos pinchando aquí y luego decidir si os apetece leer el resto o no).
Si pincháis aquí podréis encontrar la entrevista que me hicieron en la Revista Fusión sobre la Patronal y la reforma laboral.
Me gusta la capacidad de pensar a contracorriente de Pascual Serrano y este breve artículo publicado hoy en Rebelión es un magnífico ejemplo. Lo mejor es que tiene más razón que un santo.
Y, de paso, recomiendo vivamente la lectura de “Decidme cómo es un árbol”, libro de memorias de Marcos Ana, a quien tuve la suerte de conocer y de que me las dedicara gracias a la generosidad de mi querido T.L.
“Distintas personas y colectivos han creado una plataforma para apoyar la candidatura del poeta comunista Marcos Ana al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. No me disgustaría que le fuese concedido pero creo que no se lo merece. No se lo merece el príncipe de Asturias por supuesto. Marcos Ana, con 89 años, es la persona que más tiempo seguido ha pasado en las cárceles franquistas, veintitrés. Fue condenado a muerte, torturado y encarcelado por oponerse a la dictadura de Franco. Sus poemas y su libro “Decidme cómo es un árbol”, son un ejemplo de humanidad y coherencia. Felipe de Borbón no tiene el mérito suficiente para que una persona de la envergadura moral de Marcos Ana tenga que soportar en su curriculum un premio con su nombre. Los galardones valen tanto como lo que evocan, en muchas ocasiones toman su denominación de ejemplos de personas que son un referente en la materia valorada. Por eso existe un Premio Cervantes para la literatura o un Premio Ramón y Cajal de investigación científica. Un premio Príncipe de Asturias para Marcos Ana supondría conceder a una persona que representa la lucha contra la dictadura franquista, el sufrimiento por defender sus ideas y la sensibilidad para seguir reivindicando el diálogo y la convivencia, un premio denominado con el nombre de otra persona que no cuenta con ninguno de esos méritos y cuyo cargo procede de la misma dictadura que encarceló a Marcos Ana y de los principios de desigualdad y privilegio contra los que tanto luchó y lucha todavía el poeta.
Es evidente que quienes están apoyando la candidatura de Marcos Ana lo hacen con todo el cariño y admiración. Pero es bueno comparar el valor y el sufrimiento del poeta durante la dictadura con el del padre de la denominación del premio; comparar la lucha por la democracia de Marcos Ana con la complicidad y sumisión de la monarquía. Que ahora quieran denominar con el nombre del príncipe Borbón un premio para Marcos Ana es un infausto ejemplo de burla y tomadura de pelo a los ciudadanos y a la historia.
Yo propongo que cuando Felipe de Borbón haya trabajado veintitrés años por la democracia y la justicia en España –ojo, trabajando- le concedan el “Premio Marcos Ana””.
