La otra economía

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, es de todos conocidos por su capacidad fenicia para el trueque de prebendas por trajes; por su capacidad para conjugar la españolidad que defiende su partido con intentar que los jóvenes de su Comunidad sean educados para la ciudadanía en una lengua no oficial en España; o por sus amplios conocimientos jurídicos cuando declaró que estaba muy contento por haber declarado como imputado en un juicio por cohecho.

Pues bien, este prócer de la moralidad más conservadora de este país (moralidad que, al parecer, no es incompatible con la corrupción y el cohecho) ha decidido crear en la Comunidad que gobierna un registro para los abortos y los bebés fallecidos haciéndose eco de las peticiones de los grupos antiabortistas y como respuesta a la reforma socialista de la ley del aborto.

En expresión de quien fuera director general de la Guardia Civil y agregado del Opus Dei, Juan Cotino, actualmente Consejero de Bienestar Social de la Generalitat, el objetivo es “reconocer a los padres su derecho a dejar constancia de que el hijo que no ha sobrevivido era su hijo, tenía nombre, padre y madre”, es decir, prácticamente lo mismo que les niegan a quienes defienden la apertura de las fosas comunes del franquismo. ¿O es que esos hijos y nietos no tienen derecho a dejar constancia de que a su padre o abuelo lo fusilaron a pesar de que también tenía un nombre, padre y madre? Pero, además, el dislate adquiere ya dimensiones mayúsculas cuando se quiere reconocer en la misma norma que dará carta de naturaleza a dicho registro que el feto en gestación compute como un hijo más a efectos de prestaciones y servicios de la Generalitat, tales como reconocimiento de familia numerosa o beneficios fiscales autonómicos.

La cosa tiene su miga y hasta su gracia: ¿bastará con enseñar el test de embarazo o será necesaria una declaración jurada del feto comprometiéndose a nacer para que se reconozca la condición de familia numerosa? Y, en caso de que el feto no llegue a nacer, ¿se reclamará la devolución de las ayudas prestadas sobre la base de lo que puedo haber sido y no fue o, por el contrario, se obligará a los padres a seguir consumando hasta que conciban y a seguir concibiendo hasta que tengan ese hijo al que se comprometieron con la Administración Pública?

En cualquier caso, la noticia me trajo inmediatamente a la cabeza el argumento en torno al que gira una divertidísima sátira política escrita ya hace casi cuarenta años por Philip Roth, titulada “Nuestra Pandilla” y  recientemente publicada por la editorial Mondadori.

Roth se centra en la figura y los tiempos de Richard Nixon y hace girar su sátira en torno a la defensa que éste hace de los derechos de los nonatos planteada en términos que se ubican constantemente entre el surrealismo y el más puro absurdo, hasta el punto en que en una rueda de prensa el personaje, Trick Dixon, llega a defender el derecho a voto para los nonatos.

Visto lo visto y la propensión al surrealismo de Camps y su corte, no es de extrañar que un día de estos ande reclamando derechos similares para los nonatos valencianos. Total, al igual que Dixon, él tampoco es un recién llegado en el problema de los derechos de los nonatos porque él, durante nueve meses, también lo fue y eso cree que ya lo legitima para ser la voz que los represente. ¡Vivir para ver!

(He encontrado en la red los dos primeros capítulos del libro de Roth. Podéis leerlos pinchando aquí y luego decidir si os apetece leer el resto o no).

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